Fernando Tuesta Soldevilla
Ahora que existe un inusual entusiasmo sobre las revocatorias, particularmente en Lima, es bueno ubicar este mecanismo democrático en un contexto más amplio. Las revocatorias forman parte de un paquete de instituciones llamadas Mecanismos de Democracia Directa (MDD). A diferencia de países como Suiza o algunos estados de EE.UU. o Uruguay, en gran parte de América Latina la implementación de los MDD fueron consecuencia de las críticas a la democracia representativa.
Una primera visión fue la de introducir un complemento a una democracia concebida como limitada y formal. Los MDD ofrecían esta posibilidad de participación ciudadana. La idea central era que con la participación y control ciudadano la democracia adquiría una calidad mayor. Esta visión estuvo, sobre todo, alimentada y sostenida por la izquierda latinoamericana, que veía con entusiasmo el camino a una democracia directa y participativa.
Una segunda visión, distinta y distante de la anterior, era aquella que criticaba y responsabilizaba al sistema partidista imperante como causante de las limitaciones de la democracia. Esta visión estuvo encabezada por presidentes carismáticos, con rasgos autoritarios, como Alberto Fujimori, posteriormente seguido por Hugo Chávez, Rafael Correa y Evo Morales. Estos proyectos, a su vez reeleccionistas, acusaban a los partidos políticos de haber traicionado los reales intereses de los ciudadanos, por lo que los MDD eran los apropiados para relacionar adecuadamente a éstos, con el poder. Se configuraban así los contornos de una democracia plebiscitaria.
En nuestro país, de los MDD tan solo el referendo se usó en dos oportunidades en el siglo pasado: Benavides (1939) y Fujimori (1993). Es justamente al amparo de la Constitución aprobada en este último referendo, que se promulga, en 1997, la Ley de Control y Participación Ciudadana (26300), que amplía los MDD, incorporando figuras nuevas como la revocatoria del mandato de autoridades regionales y municipales, iniciativa de reforma constitucional y legislativa, demanda de rendición de cuentas, entre otras. De este conjunto de mecanismos, ha sido la revocatoria la más utilizada.
Luego de casi década y media de promulgada la ley, se han realizado seis procesos de revocatorias y, salvo en el 2005 que se realizaron en dos oportunidades, el JNE ha convocado una vez, en cada año.
A estas alturas, la pregunta clave es si con las revocatorias ha mejorado la calidad de la democracia y su representación. Una aproximación a la información disponible señala que, en la gran mayoría de los casos, se trata de una iniciativa promovida por los perdedores de las elecciones. Existe una resistencia a aceptar los resultados electorales, en el marco de las reglas del juego. Se utiliza así, la estrategia de todos contra el ganador.
Por las dificultades derivadas del recojo de firmas, sólo en cinco casos se han realizado en provincias, todas de poblaciones pequeñas. El resto han sido distritos, ubicados mayoritariamente en la sierra y zonas rurales de menos de 5 mil electores.
Poblaciones en las que los recursos son escasos y el presupuesto también. Estos procesos alejados de la capital, no merecieron gran cobertura de los medios. Pero en estas poblaciones la revocatoria produjo un tenso clima articulado alrededor de los grupos en conflicto a favor y en contra de la autoridad local.
El temor de las autoridades municipales de ser revocadas ha llevado incluso al uso indebido de los recursos públicos para defender sus respectivas gestiones. Por cierto, en no pocos casos, estos procesos de conflicto activaron actos de violencia.
Los casos en que las autoridades municipales fueron revocadas han ocasionado que transiten hasta tres alcaldes en un solo período de gobierno municipal, sin ninguna posibilidad de hacer una gestión seria.
En consecuencia, más allá que se realice o no revocatorias en Lima, la realidad de su implementación merece ser evaluada y discutida como eficaz mecanismo de mejora de la calidad de la democracia.
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